En una maniobra digna del circo político más ridículo, el Ministerio de Defensa se ha dedicado a investigar quién firma o no manifiestos sobre Franco, como si no hubiera cuestiones más urgentes sobre la mesa. Recientemente, Defensa ha anunciado con pompa y circunstancia que ningún militar activo o en reserva ha firmado un polémico manifiesto pro-franquista, aclarando que únicamente algunos jubilados nostálgicos habían estampado su firma.

El reciente avance en el Congreso de la reforma de la Ley de Asociaciones, que busca disolver entidades que supuestamente hacen «apología del franquismo», representa un ataque directo y sin precedentes a la libertad de asociación y expresión en España.