No me sancionen, por favor: la política social fue cosa de Franco. Por Pedro González Murillo

El pasado jueves 10 de abril la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados daba el visto bueno a la proposición por la que se modificaba la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. El contenido de esta proposición era el resultado de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática y determinaba lo siguiente: “será causa de disolución de las asociaciones, mediante resolución judicial, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

El espíritu de estas normas aplicadas al ámbito de las asociaciones, de las fundaciones o al propio sistema educativo es el mismo: se trata de intimidar y coartar la libertad de pensamiento, de expresión y de difusión de opiniones por el medio que sea; se pretende limitar la investigación histórica a lo políticamente correcto, acabar con la libertad de cátedra y generalizar fórmulas de autocensura para evitarse problemas. En último término, si la mordaza totalitaria no funciona lo que nos espera es un correctivo. La Ley de Memoria Democrática posibilita sanciones pecuniarias que consisten en multas de cuantías que llegan a un importe tan disuasivo como los 150.000 euros.

Ciertamente, yo debería tener miedo. Es legítimo tener miedo porque pertenezco a varias asociaciones que pretenden humildemente luchar por difundir la verdad, entre otras a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Además, en enero de 2024, presenté en Ardemans el libro “Girón, Falange y franquismo social”, editado por SND Editores. En ese texto se defiende la idea de que el nombre propio de Franco y el término social pueden ir, deben ir y van indudablemente unidos. Se mantiene que en la época estudiada se desarrollaron políticas sociales de resultados tangibles e innegables que hoy, cuando menos, se silencian, especialmente si a los programas educativos de los más jóvenes nos referimos. Se afirma que Francisco Franco fue un hombre consciente del hecho de que la injusticia social, que había campado a sus anchas en España, fue el combustible que alimentó la revolución social que se vivió en la época del Frente Popular y se sostiene que, durante el mandato del ministro José Antonio Girón de Velasco (1941-1957), se tomaron las medidas necesarias para poner los cimientos de la Seguridad Social y para construir una parte realmente relevante de nuestro actual Estado de Bienestar.

Soy profesor de Secundaria. Imparto la materia de Historia de España a jóvenes de 2º de Bachillerato que, en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), se examinan de los contenidos propios de esta disciplina. Los aspectos citados de la política social de la época de Franco están radicalmente ausentes del temario que mis alumnos tienen que estudiar. De aquel período, nuestro Gobierno solo está interesado en que los estudiantes sepan de los aspectos represivos, del exilio, de los movimientos de protesta, de sus fundamentos ideológicos confundidos con los del nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano o de los aspectos institucionales. La política social no interesa en absoluto. Para los futuros votantes que, depositando un papel en una urna, pondrán al frente del ejecutivo de nuestra nación a unos u otros, el franquismo social no existió, no pudo existir, no debió existir y, si existió, está adecuadamente fuera de las programaciones oficiales para que en las cabezas de nuestra juventud no pueda haber un solo aspecto positivo a la hora de valorar aquel período de nuestra Historia o a aquel personaje, también histórico ya, guste o no, que fue Franco. Han matado aquello del “dato mata relato”, imponiendo una Historia de Estado, una Historia oficial establecida desde la Moncloa cuyo guion emana del BOE.

A partir de aquí es cuando se incrementan los temores ante un futuro en el que es más que previsible que lo que hoy se plantea para asociaciones, se acabe aplicando de forma más sistemática todavía por censores y comisarios políticos a los profesores e investigadores que discrepen del discurso oficial. Por el camino que vamos, algún día será considerado “apología del franquismo” hablar de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, indicando que esta norma presuponía indefinido el contrato, que establecía controles rígidos para casos de despido y que garantizaba prácticamente a perpetuidad un empleo al trabajador español. Es probable que incluso se considere como agravante la insinuación al alumnado de la comparación de este marco legal con el actual porque Franco, sin duda, saldría ganando por goleada.

¿Ensalzaré al régimen al citar el Fuero del Trabajo? La cronología de esta carta de lo social permite hacer un juicio de valor sobre las intenciones de Franco (y de Girón) que no puede ser negativo en modo alguno porque se promulga un 8 de marzo de 1938. No ha acabado la guerra y el nuevo Estado se preocupa, en primer lugar, y por encima de todo, de lo social.

¿Enaltezco a Franco o a su ministro de Trabajo por citar la atención que prestaban a las familias? Abordar esta cuestión supone aludir a los subsidios familiares, a los premios a la nupcialidad y a la natalidad, al plus familiar o a la atención a las familias numerosas, medidas todas que, en principio, no pueden considerarse más que positivas.

No puede haber menosprecio a víctima alguna por dimensionar adecuadamente la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad (1942), cuya finalidad era llevar la asistencia sanitaria a los españoles en caso de enfermedad. Constituye una burla a la inteligencia de las nuevas generaciones el silenciar el papel de este que fue el seguro “estrella” de la época de Girón, junto al primer Plan de Instalaciones Sanitarias que en estos años también se puso en funcionamiento y que inundó España de hospitales y centros de salud.

Humillar la dignidad de nuestros hijos, estos sí, víctimas inocentes del holocausto educativo que supone la LOMLOE, es ocultarles que en estos años se generalizan las pagas de Navidad y de verano, que se establecen las pensiones para nuestros mayores a través del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que se potencia el seguro de desempleo, que nacen las mutualidades, las universidades laborales o que se construyen 4,6 millones de viviendas.

Como conclusión, recurriendo a la ironía, les diré a los lectores y solicitaré a quien corresponda lo siguiente: no me sancionen, por favor, porque la política social fue cosa de Franco.El “culpable” fue, en todo caso, él. Y hoy, esa “culpabilidad indudablemente dolosa”, esa parte del relato histórico, se oculta a nuestra sociedad, y especialmente a las nuevas generaciones, deformando y manipulando la Historia de nuestra nación desde el propio sistema educativo, con el único fin de adoctrinar a nuestros jóvenes estudiantes y futuros votantes a base de un conocimiento falseado del pasado y de sus protagonistas principales.