Parece una broma, pero no. El Congreso de los Diputados ha decidido que la mejor manera de conmemorar los 50 años sin Franco es con un número circense.
Sí, sí, literalmente. Actores dramatizando discursos de la Transición, una pianista tocando y una acróbata dando volteretas por el aire. Porque claro, si algo faltaba en el Congreso era una puñetera acróbata. Bastante circo hacen ya de normal, pero ahora lo oficializan.
El CIS ha vuelto a poner un número sobre la mesa: el 21,3 % de los españoles considera que la dictadura de Franco fue “buena” o “muy buena”. Y, como era de esperar, la reacción ha sido inmediata. Políticos, tertulianos y medios han salido en tromba a escandalizarse, a señalar a quienes forman parte de ese porcentaje como si fueran una anomalía moral o un residuo ideológico. Pero detrás de esa cifra hay mucho más que nostalgia o ignorancia: hay un cansancio profundo, una decepción colectiva y una sensación de que el país se ha desviado del rumbo que una vez tuvo.
Cuando se habla del franquismo, casi siempre se piensa en política o industria, pero uno de los cambios más profundos de aquella época ocurrió en el campo. En los años cuarenta, España era un país eminentemente rural: más de la mitad de la población vivía del trabajo agrícola, muchas zonas seguían sin luz ni agua corriente y la mecanización era casi inexistente. Franco heredó un país devastado por la guerra, aislado internacionalmente y con un campo que apenas producía para sobrevivir. Su gobierno apostó decididamente por cambiar esa realidad y modernizar la vida rural desde sus cimientos.
Se lee el titular de “ABC” —“Sánchez activa la agenda ideológica: recuperará a Franco tras Gaza y el aborto”— y uno percibe algo más que un titular llamativo: la crónica de una estrategia.
En un reciente monólogo de El Gran Wyoming en El Intermedio, el presentador recuperó una anécdota del dictador Francisco Franco con el escritor José María Pemán: al quejarse Pemán de algún subordinado del régimen, Franco le respondió: “Pemán, haga como yo, y no se meta en política”.
El 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte de Francisco Franco, España fue escenario de cinco fusilamientos que marcaron el final de una etapa. Los ejecutados pertenecían a dos organizaciones que, desde la óptica del régimen, suponían una amenaza directa a la estabilidad del país: ETA y el FRAP.
